cuidar coches no es una actividad delictiva; extorsionar a los potenciales clientes o dañar sus bienes, sí por Clyde Soto

Se ha polarizado el debate acerca de los cuidacoches. Todo esto con motivo de la propuesta de “legalización” de los mismos debatida en la Junta Municipal de Asunción, respuesta a su vez a una propuesta de “erradicación” presentada en el Congreso Nacional en el 2010. Se armaron así dos bandos: los anticuidacoches, para quienes éstos son mendigos y delincuentes, y deben ser erradicados; y los procuidacoches, que vinculan la actividad con la pobreza de quienes viven del rubro y piensan en modos de reconocimiento de su labor. Pensé un poco en el debate, y presento mis líneas de pensamiento:

Uno: Los cuidacoches no son per se delincuentes

Forman parte del amplio espectro de trabajadores informales y precarios del país[1], y están entre los que se ocupan de manera independiente ofreciendo servicios diversos, a veces útiles y otras de lo más inútiles, sin inscripción en registros oficiales como trabajadores, sin recibir beneficios sociales en tanto tales, y sin cotizar para el Estado. Que sean informales los coloca fuera de registros oficiales (aunque sí figuran en las estadísticas), pero no implica que sean delincuentes. Trabajan, pero precariamente, al igual que otras miles de personas en igual situación: vendedores de diversos rubros (en la calle o recorriendo casas), lustrabotas, limpiavidrios, una gran cantidad de personas que brindan servicios a domicilio, recicladores de basura, etc.

La existencia de cuidacoches responde, a su vez, a la de delincuentes que roban vehículos o partes de los mismos (en este caso sí delincuentes, todos). Si así no fuera, no se les habría ocurrido ofrecer el servicio que realizan. Tratarlos de delincuentes a todos es injusto, ya que simplemente muchísimos de ellos no lo son. Esto es igual que en la mayoría de los trabajos, sean formales o informales. El trabajo informal no es deseable, pero en un país donde aproximadamente el 84% de los trabajadores es informal[2], no se puede prohibir la informalidad sin generar un gravísimo problema social. Ergo, la formalización del trabajo debe ser hecha siempre sin criminalizar indebidamente formas honestas (aun cuando informales, precarias y, en algunos casos, peligrosas) de ganarse el pan, y creando mejores condiciones para la inclusión social, no para la exclusión.

Dos: Extorsionar a potenciales clientes, dañar sus bienes o impedir el ejercicio de sus derechos sí es delictivo

Nadie que ofrezca un servicio puede obligar al cliente a aceptarlo, ni a pagarlo por adelantado. Por tanto, la aceptación del trabajo ofrecido por el cuidacoches debe ser voluntaria. En cuanto al costo, el que ofrece el servicio puede establecerlo si quiere, pero sin que eso implique la pérdida de la clientela de su potestad de aceptar o no aceptar el servicio. Si un cliente no acepta dar el pago requerido, sencillamente el cuidacoches debe aceptar la negativa y buscarse clientes que sí acepten pagar lo solicitado.

La potestad de establecer zonas y tarifas de estacionamiento es municipal, de nadie más. Por tanto, un cuidacoches no puede decidir dónde se estaciona o no, ni menos las tarifas por hacerlo. La obligación de proteger bienes de las personas es de la policía, de nadie más. Si el autohabiente desea más control y protección sobre su bien (por considerar que la brindada por la policía es insuficiente o dudosa), puede optar por servicios adicionales, por ejemplo, el ofrecido por los cuidacoches (pero ojo, esto no implica dar al cuidacoches funciones policiales). Igual sucede con quienes desean guardias privados en sus domicilios o empresas, para citar un rubro similar, aunque a veces más formalizado. Lo mismo, cuando no alcanza lo que ofrece el Estado en salud, por ejemplo, se contrata si se quiere y puede un seguro privado, para pasar a otro campo, este sí muy formalizado. En todos los casos, son servicios voluntariamente contratados. También se puede exigir al Estado un mejor servicio policial, un acceso universal efectivo a la salud, y mejorar la capacidad estatal de proveer servicios. En mi opinión, esto apuntaría a una mejor solución de estos problemas.

Donde sí se pasa a lo delictivo es en la extorsión a los clientes, en la amenaza a su  seguridad o en el daño a sus bienes. Este tipo de situaciones, frecuente para quienes se niegan a pagar lo solicitado por los cuidacoches, es inadmisible, y se precisa protección a la ciudadanía asuncena y paraguaya ante ello.

Tres: Los cuidacoches tienen derecho a organizarse para defender sus derechos y trabajar en mejores condiciones, pero no a hacerlo para violar las leyes

Si se organizan, pueden distribuirse zonas de trabajo, dar carnés a sus asociados como forma de generar confianza entre quienes acepten sus servicios, recibir denuncias de abusos realizados por sus asociados y determinar formas de actuación para evitar que ocurran, impedir abusos hacia ellos, ayudarse entre sí e incluso determinar acciones para salir de la oscura franja del trabajo informal, precario y hasta peligroso.

Es bueno que se organicen para todo esto, y su organización debería obtener reconocimiento por parte de las autoridades, de sindicatos y de quienes tengan que ver con el asunto. Aun cuando su actividad sea precaria, ello no implica que no deban organizarse. Sólo cuando lo hagan podrán tener voz propia, evitar ser víctimas de abusos y hasta intentar mejorar su situación. Lo mismo sucede con otras personas que desempeñan trabajos informales, precarios y a veces peligrosos: los gancheros, los vendedores ambulantes, las empleadas domésticas, las personas trabajadoras sexuales, entre otras. Nos puede parecer apropiado o no que haya gente que desempeñe estas labores, o las condiciones en que lo hacen, pero ello no nos da derecho a impedir o desestimar su organización, siempre que su actividad sea lícita.

Por ello, porque no sería válido ni lícito, resulta inadmisible que el objetivo de la organización de cuidacoches sea tarifar el estacionamiento y establecer la obligatoriedad del pago. Si las autoridades permitieran eso, estarían admitiendo el incumplimiento de leyes y violando derechos de parte importante de la ciudadanía.

Resumen:

Los cuidacoches deberían repensar los objetivos de su organización, su forma de operar y las demandas que harán a las autoridades, sin atribuirse privilegios ni defender la violación de derechos ciudadanos.

Las autoridades deberían orientar a los cuidacoches a una organización respetuosa de los derechos de todas las personas. Deberían además tener mecanismos para impedir abusos por parte de los cuidacoches y para actuar ante este tipo de situaciones.

La ciudadanía debería despolarizarse ante este tema y exigir derechos sin perjudicar a los de otros, ya que en los extremos a que se ha llegado es difícil encontrar un equilibrio razonable.

Notas:

[1] La informalidad no siempre es consecuencia de la pobreza ni siempre deriva en escasas ganancias, aunque frecuentemente sí, y siempre implica un cierto grado de precariedad en las condiciones de trabajo.

[2] Cynthia González. El empleo informal en Paraguay: Evolución, características y consideraciones de políticas públicas, Asunción: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) / Konrad Adenauer Stiftung, 2010. Disponible en:http://www.cadep.org.py/V3/uploads/2010/10/Informalidad_Py_-version-pdf2.pdf.

Esta nota se reproduce con autorización de la autora: Clyde Soto

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Publicado el 30/03/2011 en Mirada Visitante y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. 3 comentarios.

  1. Con esta interesante nota, lujo para el blog, empieza esta nueva categoría: mirada visitante

  2. Fabian Metzondernaam

    yo coincido tanto con lo que dice clyde… y está tan bien explicado!

    Me gusta tu nuevo espacio! (los antiguos tambien)

    saludos

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